Se procede al cierre de la línea hermana a la nuestra, Madrid – Cuenca – Valencia, del plan de Infraestructuras de Guadalhorce 1929, alegando desde el gobierno que no es una solución ambiental ni económica el uso del mismo en zonas con poca densidad de población y por lo tanto carece de rentabilidad económica y social.
Expone además que:
“Ninguna sociedad puede permitirse financiar con dinero público trenes que vayan vacíos, porque ello tiene un alto coste de oportunidad ( El dinero se podría dedicar a mejores usos para la ciudadanía) y no da respuesta a las necesidades de movilidad. En este sentido, para aquellos servicios con poca demanda, se plantea la posibilidad de que las comunidades autónomas, con acuerdo a los municipios afectados, puedan solicitar que dejen de prestarse esos servicios, de forma que el importe destinado a la compensación de los mismos en el contrato vigente pueda destinarse a financiar otras soluciones de movilidad que resulten más eficientes.”
